LA PRENSA MEXICANA DEL SIGLO XXI

La prensa mexicana no siempre se ha dado tiempo para revisar su pasado contemporáneo para entender sus acciones en el presente. Varios vicios muy antiguos siguen allí, sin que haya posibilidad de remediarlos a menos que, entre otras cosas, se tome primero conciencia de su existencia.

Si la historiografía mexicana contemporánea tiene el problema de que cuenta con pocas investigaciones que le expliquen cómo era México después de los años 40 (pocas si lo comparamos con las investigaciones relativas al Virreinato, o a la Guerra de Independencia, o a la Revolución) en el caso de historias específicas este problema crece mucho más. A pesar de los esfuerzos de los historiadores, el devenir en el tiempo de la prensa mexicana del siglo XX sigue siendo terreno casi exclusivo de los periodistas, comunicólogos y politólogos.

 Autores contemporáneos señalan que el final de la década de los sesenta dejó en nuestro país la certeza de que los años por venir pondrían a México al borde de una gran conmoción social y política. Parecía el término de una época que se caracterizó por la estabilidad gubernamental y el crecimiento económico, producto del arreglo entre las elites que se dio con la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929.

 Lo cierto es que, hasta fines del siglo XX, una de las características del sistema político mexicano ha sido su continuidad y reproducción. Comparado con sus vecinos latinoamericanos, México y su clase gobernante podían vanagloriarse de haber formado un sistema que, a pesar de sus problemas, funcionaba como una república autoritaria  proclive a la cooptación y a la incorporación constante de nuevos elementos; con un sistema institucional y unos líderes civiles que permitían muchas cosas a sus ciudadanos, aunque no les dejaran competir formalmente por el poder.

 Una de las piezas fundamentales para que este acuerdo trabajara eficientemente era la coalición de intereses entre los distintos grupos y clases de la sociedad mexicana. La estabilidad política dependía de que el Estado fuera capaz de mantener un equilibrio entre los grupos que lo constituían, o por lo menos había que conservar la idea de que todos esos grupos podían acceder a los satisfactores necesarios para elevar su nivel de vida y desarrollarse plenamente. Para lograr esto, el Estado debía distribuir continuamente recompensas materiales entre sus integrantes para asegurarse su lealtad. Este tipo de recompensas era variable: desde ayudas eminentemente institucionales (como los desayunos escolares de los años sesenta, por mencionar sólo un ejemplo) hasta el soborno a los periodistas. El desarrollo de la prensa mexicana estuvo condicionado a los márgenes de movimiento que le daba este entorno autoritario, que permitía ciertas cosas pero negaba tajantemente otras. la característica fundamental de la prensa mexicana hasta los años 90 fue su carácter oficialista, ya que este autor detecta un respaldo casi total al régimen, el cual se muestra en la falta de críticas y sugerencias a los proyectos de nación.

 El apoyo a las empresas periodísticas fue fundamental para desarrollarlas, aunque el aspecto informativo y su independencia frente al poder no fueran considerados importantes. Las empresas periodísticas recibieron también el apoyo del Estado, pero no sólo para que crecieran, sino para que mantuvieran un tratamiento “conveniente” de la información. Sin el apoyo gubernamental, la prensa no hubiera tenido la posibilidad de crecer como vimos anteriormente, puesto que el Estado se convirtió en la principal fuente de recursos para los diarios. (Hay que aclarar que cuando hablamos de “empresas periodísticas” no nos referimos sólo al entramado administrativo “formal”, sino a todas aquellas actividades (muchas de ellas informales) que reportaban ingresos para los periodistas y las empresas en las que trabajaban).

De este modo, era común que los reporteros  trabajaran al mismo tiempo como vendedores de publicidad (la cual vendían a su “fuente” las secretarías de Estado que estaban encargados de cubrir). La publicidad fue (y es) el gran negocio de los periódicos, y el gran comprador de publicidad en los medios escritos en México por lo menos desde los años 40 ha sido el Estado. Otras ayudas eran las exenciones fiscales, la asignación a periodistas de espacios públicos para fijar anuncios, que luego los reporteros vendían a otras empresas para que se anunciaran,  condonación de deudas en el Seguro Social y el soborno directo, conocido como “embute”.

Un caso en específico que hay que tomar en cuenta es el de Productora e Importadora de Papel S.A. (PIPSA), que fue creada en 1935 con el propósito de ofrecer papel a los editores a precios preferenciales, para impedir que la industria pudiera quedarse sin ese insumo. Con un 40% de participación de la industria periodística, y un 60% del Estado, PIPSA se constituyó en el monopsonio mexicano para la compra de papel al exterior y en el monopolio interno para su producción y distribución.

 Gracias a PIPSA, los dueños de periódicos obtuvieron papel barato durante décadas, razón por la cual manifestaban recurrentemente su satisfacción por la existencia de esa empresa. Cuando en 1965 se venció el plazo para que PIPSA desapareciera, los editores solicitaron al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz que se extendiera el plazo de sus operaciones por treinta años más,  y cuando en 1990 Carlos Salinas de Gortari pretendió desaparecer la empresa, los editores lo evitaron logrando a cambio que sólo se liberara la importación de papel.

 

Contar con papel barato representaba un compromiso no tan sólo económico, puesto que la falta del insumo hubiera significado la quiebra de cualquier periódico o revista.

La tendencia del periodismo mexicano ha sido entonces hacia la cooperación. (Especialmente hasta finales de los años 90). No había un respaldo absoluto al régimen, esto es importante señalarlo. Aún en las etapas más críticas del sistema político mexicano, la prensa contó con espacios para cuestionar la labor del gobierno en turno.